Desde más de 50 anos, Colombia no ha cesado sufrir de un conflicto armado interno generando violencia en todo el país. Aunque, hoy en día, el gobierno colombiano asegure que “esta no es una guerra, este no es un conflicto. Esta es una democracia garantita al servicio de 44 millones de ciudadanos, desafiada por unos terroristas ricos”, no se puede negar la existencia de un conflicto armado.
Este conflicto opone la Guerrillera, los grupos de autodefensa y el Estado y el Ejército.
Durante la intensa confrontación entre liberales y conservadores que tuvo lugar en Colombia entre 1947 y 1953, periodo conocido como la de la Violencia, se formaron grupos guerrilleros de origen liberal y comunista autodeterminados autodefensas campesinas, como respuesta a la agresión oficial. Estos grupos se organizaron en la década de los sesenta bajo la forma que hoy conocemos. Así nacieron las FARC, el ELN, o aun EPL. En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el estado impulsó la creación y la legalización de “grupos de autodefensa” cuyos fines eran auxiliar a la Fuerza pública en operaciones antisubversivas y defenderse de la guerrilla. Pero, muchos de esos grupos cambiaron sus objetivos, convirtiéndose en grupos de delincuencia, comúnmente llamado paramilitares.
Todos los actores están comprometidos en el narcotráfico como fuente de recursos financieros.
A lo largo de las décadas, los gobiernos intentaron, de diferentes maneras, de buscar soluciones para resolver el conflicto. En efecto, parece primordial de solucionarlo puesto que el conflicto tiene repercusiones en todas las ramas de la sociedad colombiana. La violencia que conoce el país desde años afecta la economía nacional, impide el buen desarrollo y no permite reducir las desigualdades sociales. Además, el conflicto armado en Colombia sigue siendo un obstáculo a la seguridad democrática. Por eso, la búsqueda de paz parece ser la mayor preocupación de los gobiernos.
A pesar de las diferentes medidas puestas en marcha, de los acuerdos de paz bajo Betancourt hasta el Plan Colombia de Pastrana, el conflicto permanece, desarrollándose, cambiando de forma a lo largo de los años.
Hoy en día, ¿podemos hacer un balance de conflicto colombiano incluyendo todos los actores, incluso la sociedad civil? ¿Cómo se ha desarrollado estos últimos anos? ¿Que vía sigue el gobierno actual? Y ¿Cuáles son las perspectivas futuras para Colombia?
Estas preguntas son importantes puesto que el desarrollo económico y social del país está afectado por el, aun más, la garantía de la democracia por el Estado depende de su resolución.
[...] El nombre Jorge Luis Visbal Martelo, ex presidente de la empresa Fedegan aparece como uno de los prestantes ganaderos de la región de Sucre, que se integraron a la organización de los grupos de autodefensa. Actuando de esta manera, algunas empresas (por mayor parte multinacionales) alimentan el conflicto armado colombiana, utilizando los servicios de grupos ‘criminales' para la protección de la tierra. Esto elemento es tan arraigado en la sociedad colombiana y en las costumbres de funcionamiento de las grandes empresas establecidas sobre el suelo colombiano que resulta difícil luchar en contra. Al fin y al cabo, el balance del conflicto colombiano aparece negativo, y sigue haciendo victimas en la población civil. [...]
[...] Pese a todo, otro obstáculo orgánicamente ligado a Colombia impide la buena marcha de las leyes contra el conflicto: la vinculación entre las organizaciones paramilitares y las empresas ubicadas sobre el territorio colombiano. En efecto, si algunas empresas no consideran el conflicto armado como benéfico para la economía, algunas otras lo aprueban y permanecen alimentarlo, ligándose a organizaciones paramilitares. No cabe duda que las empresas multinacionales suelen firmar un contrato de seguridad con el ejército colombiano para recibir protección, especialmente ante ataques eventuales de la guerrilla, pero es un acuerdo firmado literalmente con los paramilitares, quienes se encargan de desplazar a la población para poder usufructuar los cultivos. [...]
[...] Por otra parte, y como acabamos de demostrarlo, la ubicación de un conflicto armado sobre el territorio colombiano no cabe duda. Entonces, no se puede decir que estamos viviendo el fin del conflicto. Al contrario, quedan muchas incertidumbres en cuanto a su resolución, por que, primero, las medidas puestas en marchas por la política de Uribe dan lugar a algunas interrogaciones, y en segundo, por que todavía existen numerosos obstáculos que impiden la desaparición de los actores del conflicto. Una de las primeras medidas impulsadas por el Presidente Uribe fue un proceso de negociación a través del plan de desmovilización que implica que los grupos paramilitares cesen las hostilidades y entreguen las armas. [...]
[...] Sin embargo, a nuestro parecer, estamos lejos de la resolución del conflicto. Las medidas de lucha actuales ya no han mostrado una eficiencia en la erradicación de los grupos armados o de los paramilitares. Además, la vinculación permanente de las empresas con “grupos de autodefensa” hace más difícil el desarme de estos grupos. Una interrogación queda en cuanto al papel del presidente de Venezuela, Hugo Chávez en el acuerdo humanitario rio y su futura entrevista con el jefe de las FARC. [...]
[...] Además, el conflicto armado en Colombia sigue siendo un obstáculo a la seguridad democrática. Por eso, la búsqueda de paz parece ser la mayor preocupación de los gobiernos. A pesar de las diferentes medidas puestas en marcha, de los acuerdos de paz bajo Betancourt hasta el Plan Colombia de Pastrana, el conflicto permanece, desarrollándose, cambiando de forma a lo largo de los años. Hoy en día, ¿podemos hacer un balance de conflicto colombiano incluyendo todos los actores, incluso la sociedad civil? [...]
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